Este lunes se dio a conocer que la arquitecta Camila Ramírez, representante de la Fundación Urbanismo Social, solicitó formalmente el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora. La petición fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago. El origen de esta crisis se remonta a junio de 2023, cuando salió a la luz el denominadoCaso Convenios. Este escándalo provocó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda. La Fundación Urbanismo Social, una institución con 15 años de trayectoria, se vio gravemente afectada por las nuevas políticas y decisiones administrativas derivadas del caso. En un documento al que tuvo acceso La Radio, se detallan las consecuencias directas de estas medidas. Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo , con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…), indica el texto. En vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…) . La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros órganos de la Administración del Estado, de terminar anticipadamente los convenios celebrados con la Fundación, tuvo un impacto devastador. La terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja , se lee en el documento. Entre los convenios afectados, se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, firmado el 3 de julio de 2023, para el proyecto de rehabilitación de la Avenida Portales, por un monto de $121.922.433, que no fue recibido por la empresa deudora. Otro caso destacado es la terminación del convenio con el Gobierno Regional del Maule, con fecha 5 de diciembre de 2023, que implicó la restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El documento también menciona otras terminaciones de convenios y restituciones exigidas, incluyendo uno con la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta por $175.000.000 y varios otros por sumas significativas. Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166 .-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento. Además, el caso Convenios y las acciones legales subsecuentes “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos.
Este lunes se dio a conocer que la arquitecta Camila Ramírez, representante de la Fundación Urbanismo Social, solicitó formalmente el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora. La petición fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago. El origen de esta crisis se remonta a junio de 2023, cuando salió a la luz el denominadoCaso Convenios. Este escándalo provocó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda. La Fundación Urbanismo Social, una institución con 15 años de trayectoria, se vio gravemente afectada por las nuevas políticas y decisiones administrativas derivadas del caso. En un documento al que tuvo acceso La Radio, se detallan las consecuencias directas de estas medidas. Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo , con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…), indica el texto. En vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…) . La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros órganos de la Administración del Estado, de terminar anticipadamente los convenios celebrados con la Fundación, tuvo un impacto devastador. La terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja , se lee en el documento. Entre los convenios afectados, se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, firmado el 3 de julio de 2023, para el proyecto de rehabilitación de la Avenida Portales, por un monto de $121.922.433, que no fue recibido por la empresa deudora. Otro caso destacado es la terminación del convenio con el Gobierno Regional del Maule, con fecha 5 de diciembre de 2023, que implicó la restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El documento también menciona otras terminaciones de convenios y restituciones exigidas, incluyendo uno con la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta por $175.000.000 y varios otros por sumas significativas. Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166 .-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento. Además, el caso Convenios y las acciones legales subsecuentes “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos.
